Judicatura adopta políticas para garantizar atención prioritaria a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia
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Judicatura adopta políticas para garantizar atención prioritaria a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia

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Dos políticas públicas orientadas a proteger y garantizar el derecho de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia a ser atendidos con prioridad, de manera ágil y efectiva, en el sistema judicial, expidió el Consejo de la Judicatura (CJ), este 27 de noviembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

 

El Presidente del CJ, Marcelo Merlo; los vocales Zobeida Aragundi y Aquiles Rigail; y, la directora nacional de Acceso a los Servicios de Justicia de la institución, Solanda Goyes, presentaron hoy estas iniciativas. Al evento asistieron representantes de movimientos de mujeres y de otras organizaciones de la sociedad civil.

 

Según datos de la Fiscalía, en Ecuador, entre 2015 y 2017, se receptaron 7531 denuncias de casos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, con un total de 1531 sentencias. Por su parte, el Ministerio de Educación reportó que durante el mismo período se registraron 4854 denuncias por violencia contra los menores de edad dentro y fuera de los establecimientos educativos.

 

A su vez, entre el 10 de agosto de 2014 y el 18 de noviembre de este año, se registraron 309 femicidios en el país. Más del 62 % de las víctimas oscilan entre los 15 y 35 años de edad. El 70 % de mujeres perdió la vida en manos de sus compañeros sentimentales; 123 fueron asesinadas frente a sus hijos o hijas; 185 niñas, niños o adolescentes quedaron huérfanos de madre; 16 mujeres se encontraban en estado de gestación cuando perdieron la vida.

 

Un nudo crítico es el alto nivel de desestimación de las denuncias. Ante esta situación, el Consejo de la Judicatura declaró prioritaria la atención de los casos de femicidio, de violencia física y psicológica contra mujeres. Del mismo modo, aquellos relacionados con la violencia sexual que se ejercen contra ellas, e igualmente contra niñas, niños y adolescentes, a fin de que los operadores de justicia (fiscales, jueces y otros) actúen con la relevancia y celeridad que estas causas ameritan, en la fase investigativa y demás etapas procesales.

 

La vocal Zobeida Aragundi Foyain, quien impulsó estas políticas, con el aporte de organizaciones de mujeres, de la niñez y de la sociedad civil, dijo que “los tiempos procesales deben ser cumplidos para atender las pruebas, el testimonio anticipado de la víctima y las medidas de protección que deben emitirse en máximo dos horas desde que se sortea la causa”.

 

Asimismo, destacó, entre otros aspectos importantes de estas políticas, la obligación que tiene la Judicatura para conformar la Mesa de Justicia y Género para atender los temas de violencia contra las mujeres. “En 30 días serán convocadas la sociedad civil, los movimientos de mujeres para organizar la formación de esta mesa y garantizar su existencia y eficiencia”, señaló la Vocal.

 

De su parte, el titular de la Judicatura, Marcelo Merlo, exhortó a la ciudadanía a vigilar que estas acciones se cumplan en la práctica y en la realidad. “Es importante que el Ecuador dé una voz de alarma a nivel regional y continental para despertar desde aquí una nueva actitud de las mujeres”, dijo.

 

Respecto de la violencia sexual, la doctora Solanda Goyes indicó que el Consejo de la Judicatura Transitorio, acogiendo el mandato de la consulta popular del pasado 4 de febrero, dispuso que jueces, fiscales y defensores públicos deberán iniciar o continuar las acciones investigativas relativas a delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes, en cualquier tiempo, considerando que las acciones y las penas por dichos delitos son imprescriptibles y en aplicación a los principios del interés superior y prioridad absoluta de que gozan los niños y niñas.

 

“Según garantías establecidas en la Constitución, ellos requieren que se haga justicia y no queden en la impunidad los hechos de que son víctimas y a la par de que se sancione, se reparen sus derechos”, manifestó.

 

Las dos políticas disponen la implementación de procesos de formación y capacitación continua enfocados a la especialización de los operadores de justicia; la formulación de nuevos indicadores de evaluación de desempeño con énfasis en parámetros cualitativos; y, la activación de procesos disciplinarios cuando se cometieren faltas que lo ameriten.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN